El Órgano Ejecutivo de Bolivia aprobó la noche del miércoles tres decretos supremos diseñados para enfrentar la emergencia energética y estabilizar el mercado de materias primas. Estas normativas incluyen la autorización para la importación de petróleo crudo, el fomento a las energías renovables y la eliminación de aranceles para la importación de soya, en un esfuerzo por responder a las presiones de oferta y demanda en sectores críticos de la economía nacional.
El Decreto Supremo 5548 autoriza de manera excepcional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a refinerías privadas la importación de petróleo crudo. La norma establece temporalmente en cero el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) para los productos resultantes, bajo la premisa de que no existe una subvención estatal directa en esta operación. Analistas económicos señalan que, si bien es una medida necesaria para evitar un desabastecimiento inminente de combustibles, no resuelve el problema estructural de la caída en la producción nacional de hidrocarburos.
Transición energética y generación distribuida
En el ámbito eléctrico, el Decreto Supremo 5549 busca modernizar el sistema mediante el impulso a las energías renovables. La disposición amplía la denominada generación distribuida a proyectos de mediana escala —entre 1 y 6 megavatios— y mejora los mecanismos de retribución para facilitar la inyección de energía limpia a las redes de distribución. Este decreto es considerado el único con un enfoque de largo plazo, orientado a la sostenibilidad y a reducir la presión sobre el Sistema Interconectado Nacional.
Sin embargo, la implementación de esta medida conlleva retos técnicos. Expertos advierten que las distribuidoras eléctricas deberán adaptar su gestión operativa y que será fundamental asegurar que las retribuciones económicas sean técnicamente eficientes para evitar distorsiones en el sistema de subsidios.
Estabilización del sector agroindustrial
Por otro lado, el Decreto Supremo 5547 establece un arancel cero para la importación de grano de soya hasta diciembre de 2026. El objetivo central es fortalecer la producción de subproductos y garantizar la oferta interna, en un contexto donde el complejo soyero ha generado exportaciones superiores a los 12.160 millones de dólares en la última década. La medida busca estabilizar los precios en el corto plazo, aunque sectores productivos mantienen su demanda de una liberalización plena de las exportaciones.
En lo que va del año, la administración central ha autorizado la exportación de 880.000 toneladas de grano y ha eliminado controles de precios sobre subproductos. No obstante, el sector agroindustrial insiste en la eliminación definitiva de certificaciones y cupos para dinamizar la balanza comercial.
Perspectiva económica
Aunque los tres decretos responden a urgencias reales de la economía boliviana, su efectividad dependerá de la implementación de políticas complementarias. Mientras que las medidas sobre hidrocarburos y soya actúan como mecanismos de contención ante riesgos de desabastecimiento e inflación, la transformación del sistema eléctrico representa el único esfuerzo por modificar la matriz productiva.
Especialistas coinciden en que estas disposiciones ayudan a estabilizar el panorama inmediato, pero subrayan que no sustituyen las reformas estructurales necesarias en las áreas de exploración petrolera, política fiscal y competitividad agrícola para garantizar un crecimiento sostenible más allá de la actual coyuntura.
