En un esfuerzo por modernizar la relación entre el Estado y el sector privado, el Gobierno nacional remitió este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley integral que busca transformar el sistema impositivo vigente. La propuesta, presentada en el marco del Congreso Empresarial de Cochabamba, plantea una serie de incentivos fiscales y mecanismos de regularización diseñados para aliviar la presión sobre los contribuyentes y reducir la informalidad en la economía nacional.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, calificó la iniciativa como un paso necesario para “empezar de nuevo”, argumentando que el esquema actual ha generado distorsiones y una carga administrativa excesiva. El paquete normativo se articula en torno a cinco ejes fundamentales, entre los que destaca la creación del régimen tributario SIETE. Este sistema está dirigido a emprendedores con ventas anuales inferiores a 400.000 bolivianos, permitiéndoles unificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) en un solo pago bimestral equivalente al 5% de sus ingresos brutos.
Condonación de deudas y alivio financiero
Uno de los puntos más significativos del proyecto es la condonación total de deudas tributarias —que incluye capital, intereses y multas— para obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta medida beneficiará a aquellos contribuyentes con adeudos menores a 10 millones de bolivianos. Según las autoridades, el objetivo es liberar de gravámenes a miles de ciudadanos que actualmente enfrentan cuentas congeladas o activos inmovilizados por deudas de larga data, facilitando su reincorporación al circuito económico formal.
Para las obligaciones contraídas a partir del 1 de enero de 2018, el plan propone la eliminación de sanciones pecuniarias e intereses, otorgando un plazo de 120 días para que los deudores se acojan a planes de pago de hasta 24 meses. “El Estado no puede seguir ejerciendo un abuso tributario; necesitamos que sea un aliado del desarrollo y no una traba para la inversión”, señaló el ministro durante su intervención.
Eficiencia administrativa y transparencia
El proyecto de ley también aborda la necesidad de limitar la discrecionalidad en las fiscalizaciones. La normativa propuesta busca reducir los plazos de auditoría del Servicio de Impuestos Nacionales, que actualmente pueden extenderse hasta por diez años, a un máximo de cuatro años para realizar la fiscalización y dos años para concluir los procesos legales correspondientes.
Asimismo, se plantea una reforma técnica en la facturación del IVA. Actualmente, el tributo se calcula de forma implícita dentro del precio, lo que eleva la tasa efectiva a casi un 15%. La reforma pretende que el impuesto sea explícito, fijando una tasa efectiva real del 13%. Esta modificación técnica busca simplificar la contabilidad de las empresas, minimizar errores en las declaraciones y mejorar la competitividad de los productos nacionales en el mercado.
La administración gubernamental instó a la Asamblea Legislativa a tratar la propuesta con celeridad, argumentando que la implementación de estas medidas es crucial para transitar hacia un sistema impositivo más coherente y sostenible en el tiempo.
