El Ministerio de Economía ha proyectado que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría derivar en una pérdida económica de 575 millones de dólares. La magnitud del impacto financiero está directamente vinculada al nivel de acatamiento de la protesta, que surge como una respuesta directa a la propuesta de reforma laboral y al clima de incertidumbre legislativa en la Cámara de Diputados.
Según estimaciones oficiales basadas en proyecciones sectoriales, el cálculo de las pérdidas asume un acatamiento promedio de entre el 30% y el 50%, dependiendo de la actividad económica. Aunque la cifra posiciona a esta huelga como una de las más costosas en años recientes, el impacto final se prevé proporcionalmente menor al de jornadas de protesta previas que contaron con una participación más masiva.
El factor industrial y el transporte
La central obrera ha fundamentado la medida de fuerza en la crisis que atraviesa el sector manufacturero, citando el reciente cierre de importantes plantas industriales como una señal de alerta. Para el sector sindical, estas clausuras son consecuencia directa del plan económico del Ejecutivo, argumentando que las reformas planteadas ponen en riesgo la estabilidad del empleo y los derechos adquiridos de los trabajadores.
La parálisis del transporte se perfila como el elemento determinante para el éxito de la convocatoria. Registros técnicos de huelgas anteriores demuestran que la inactividad de los servicios de movilidad urbana puede triplicar los costos económicos de una jornada de protesta. En eventos previos, como el paro del 9 de mayo de 2024, la inactividad total generó una pérdida de 544 millones de dólares, lo que representó el 24,3% del Producto Interno Bruto (PIB) diario.
Presión oficial y marco legal
Frente a la convocatoria, el Gobierno ha intensificado la presión sobre los gremios de transporte, recordando la vigencia de la conciliación obligatoria. Las autoridades han advertido que el incumplimiento de esta norma podría derivar en la revocación de la personería jurídica de los sindicatos que decidan adherirse formalmente a la medida de fuerza.
A diferencia de conflictos anteriores, el escenario actual presenta una división entre la urgencia del Gobierno por avanzar con la desregulación laboral y la resistencia de los bloques sindicales que ven en el paro una herramienta de defensa ante la pérdida de puestos de trabajo en el sector productivo.
