La clasificación de las tierras y el derecho de propiedad representan uno de los nudos estructurales más sensibles y postergados del desarrollo boliviano. En un contexto de crecientes tensiones económicas, el debate sobre el agro se ha desplazado de una discusión meramente coyuntural hacia un análisis profundo sobre la libertad individual y la capacidad del Estado para garantizar la certidumbre jurídica. La pregunta central que hoy enfrenta el país no es solo técnica, sino de principios: si el sistema actual responde a la realidad productiva o si la sobreprotección normativa ha terminado por asfixiar el potencial del campo.
Una estructura anclada en el pasado
La estructura agraria vigente es el resultado de una acumulación histórica que tiene su origen en la Reforma Agraria de 1953 y se proyecta hasta la actual Constitución Política del Estado. Si bien ese marco respondió en su momento a contextos de exclusión y concentración latifundista, hoy presenta distorsiones evidentes frente a la dinámica económica contemporánea. Las categorías de pequeña, mediana y empresarial, definidas bajo parámetros heredados, ya no reflejan el uso efectivo del suelo ni la escala real de las explotaciones modernas.
Uno de los puntos críticos reside en la ausencia de seguridad jurídica. El sistema actual ha derivado en una realidad paradójica: los títulos de propiedad otorgados por el Estado no conceden un derecho propietario pleno, sino derechos condicionados y limitados. La falta de una articulación efectiva entre el registro de derechos reales, el catastro y la administración territorial convierte cualquier intento de reforma en una fuente potencial de desorden, dejando en el aire la interrogante sobre quién posee la capacidad real de administrar el territorio.
El dilema de la conversión de tierras
El debate legislativo reciente se ha centrado en la propuesta de permitir la conversión voluntaria de la pequeña propiedad a mediana propiedad. Los defensores de esta medida sostienen que permitiría reconocer realidades productivas preexistentes, facilitando el acceso al financiamiento bancario y dinamizando el mercado rural. Sin embargo, persisten las advertencias sobre los riesgos de una vía administrativa acelerada que, de no contar con verificaciones técnicas rigurosas, podría incentivar la simulación normativa y agravar los conflictos por límites y derechos de uso.
En este escenario, la figura de la Función Económica Social (FES) emerge como un punto de fricción. Mientras para algunos es un instrumento necesario de ordenamiento, para otros representa una herramienta discrecional que introduce asimetrías e incertidumbre jurídica, desincentivando la inversión a largo plazo debido al temor a la reversión de tierras por criterios políticos o administrativos variables.
Hacia un nuevo contrato social rural
La evidencia sugiere que la sobreprotección histórica de la pequeña propiedad ha limitado, en muchos casos, la movilidad social de los productores, empujando las transacciones hacia la informalidad. Sin seguridad jurídica efectiva y sin claridad sobre el alcance real del derecho propietario, ni el mercado de tierras ni la inversión privada podrán cumplir un rol transformador en el desarrollo nacional. El desafío no radica en elegir entre la protección social y el libre mercado, sino en construir reglas claras, verificables y aplicables.
Resolver la cuestión agraria en Bolivia es hoy una condición estratégica para el crecimiento económico futuro. Persistir en ajustes parciales o leyes que intentan corregir efectos sin abordar las causas estructurales solo prolongará la conflictividad. La decisión pendiente es ineludible: o se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente con absoluta transparencia, o se asume la necesidad de una reforma integral que convierta la propiedad rural en un verdadero motor de cohesión social y prosperidad económica.
