La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) inauguró este viernes en Santa Cruz su congreso ordinario, un espacio clave donde la dirigencia presentó el balance de la gestión 2025 y estableció las directrices estratégicas que regirán la agenda del sector para el año 2026. El encuentro, mandatado por los estatutos de la institución, busca consolidar una visión de largo plazo que permita al agro convertirse en el motor principal del crecimiento económico nacional.
Edilberto Osinaga, gerente general de la entidad, subrayó que el próximo año será fundamental para concretar reformas estructurales que han sido largamente postergadas. Según el ejecutivo, el objetivo es despejar los obstáculos que limitan la capacidad productiva del país y permitir que el sector agropecuario alcance su máximo potencial.
Biotecnología y apertura comercial
Uno de los ejes centrales de la propuesta sectorial es el acceso a la biotecnología mediante normativas regionales. La CAO plantea la adopción de trámites abreviados o la homologación de estándares del Mercosur para el uso de semillas genéticamente modificadas. Esta medida se considera vital para mejorar los rendimientos frente a los desafíos climáticos y de mercado.
En términos de política comercial, la institución insiste en la liberación plena de las exportaciones. De acuerdo con el análisis de la CAO, eliminar las restricciones externas es una condición necesaria para generar previsibilidad en la inversión y mejorar los ingresos de los productores primarios. Asimismo, se destacó la urgencia de aprobar una ley de pequeña propiedad que facilite el acceso a financiamiento de largo plazo, permitiendo que miles de productores en todo el territorio nacional se integren al sistema bancario formal.
Productividad e incentivos tributarios
Para contrarrestar los bajos niveles de productividad actuales, el sector propone una reforma tributaria específica: establecer el IVA cero para la importación de maquinaria, insumos y genética. "Necesitamos fortalecer el acceso a la tecnología para que suban los rendimientos e incrementemos la producción", argumentó Osinaga durante su intervención ante los delegados.
Otro punto de alta sensibilidad técnica y jurídica es la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra. La CAO propone que este control se realice cada diez años, en lugar de los dos años que estipula la normativa vigente, con el fin de brindar seguridad jurídica al productor y fomentar inversiones de capital a mayor escala.
Fortalecimiento institucional y críticas al modelo
Por su parte, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, lamentó que el sector haya enfrentado casi dos décadas de desatención estatal. El directivo señaló que las políticas gubernamentales anteriores priorizaron la construcción de plantas industriales que hoy carecen de materia prima suficiente para operar. "Los agropecuarios estamos dispuestos a producir más y a exportar más, aprovechando la diversidad del país", afirmó Frerking, subrayando la necesidad de institucionalizar entidades técnicas como el INRA, Senasag y la ABT para que respondan a criterios profesionales y no políticos.
A pesar de que se esperaba la participación de autoridades del Ejecutivo nacional para entablar un diálogo directo sobre estas demandas, la ausencia de los ministros de Estado marcó la jornada. La gerencia de la CAO informó que la inasistencia se debió a compromisos de agenda de último momento en otras regiones del país.
