El Gobierno de Bolivia ha promulgado el Decreto Supremo 5597, una normativa diseñada para rescatar proyectos de infraestructura pública que enfrentaban un riesgo inminente de paralización debido al incremento sostenido en los costos de materiales y suministros. La medida es el resultado de un proceso de negociación de cuatro meses entre el sector constructor y el Ejecutivo, estableciendo un mecanismo técnico para equilibrar contratos que quedaron financieramente desfasados por la coyuntura económica actual.
La nueva disposición faculta a las entidades estatales para realizar un análisis individual de cada proyecto, permitiendo que el Estado reconozca el aumento de precios en insumos críticos. En escenarios donde la continuidad de la obra resulte inviable bajo los términos originales, el decreto permite la rescisión de contratos de manera consensuada. Esta alternativa busca evitar procesos judiciales prolongados y pérdidas económicas tanto para las arcas públicas como para las empresas privadas, facilitando que los proyectos puedan ser licitados nuevamente bajo parámetros de mercado actualizados.
Desequilibrio en los costos de infraestructura
El sector de la construcción ha reportado que el encarecimiento de maquinaria, equipos y, especialmente, combustibles ha alterado drásticamente los presupuestos adjudicados en años anteriores. Según estimaciones técnicas, proyectos que fueron presupuestados inicialmente con un valor base hoy requieren una inversión significativamente mayor para su conclusión. El objetivo primordial de la normativa es inyectar certidumbre al sector y garantizar que la inversión estatal se traduzca en obras concluidas.
Para aquellos proyectos que se encuentran en etapas avanzadas de ejecución, se prevé que los reajustes presupuestarios podrían situarse entre el 20% y el 40%. No obstante, en obras con un avance físico incipiente, donde los insumos clave han registrado incrementos superiores al 60%, la normativa sugiere que la rescisión y posterior relanzamiento de la licitación podría ser el camino más eficiente para la administración pública.
Prioridades estratégicas y desafíos de implementación
La vigencia de esta medida se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este periodo, organismos como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y otras instituciones contratantes deberán llevar a cabo rigurosos análisis técnicos, jurídicos y financieros antes de autorizar cualquier modificación contractual. La prioridad de estos ajustes se centrará en sectores críticos como la infraestructura hospitalaria y la red vial, fundamentales para la logística de exportación y el abastecimiento de alimentos en el mercado interno.
El mayor desafío para el éxito de esta política reside en la gestión y disponibilidad de los recursos financieros necesarios para cubrir los incrementos presupuestarios. Sin embargo, los representantes del sector construcción destacan que contar con un marco legal claro reduce la incertidumbre económica, permitiendo una planificación más precisa y mitigando el impacto transversal que la parálisis de la obra pública genera en el comercio y la industria boliviana.
