El Ministerio Público de Bolivia evalúa la convocatoria del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, para prestar declaración informativa en el marco de una investigación penal por el presunto sobreprecio en la adquisición de combustibles. Carlos Torrez, fiscal departamental de La Paz, confirmó que la citación podría concretarse bajo la figura de testigo o en otra condición jurídica según el avance de las pesquisas.
La investigación se centra en la complejidad de las operaciones comerciales realizadas entre la estatal petrolera y la empresa intermediaria Trafigura. Para profundizar en el caso, una comisión de fiscales ha desplegado diligencias tanto en La Paz como en Santa Cruz, buscando determinar si existieron irregularidades financieras en los contratos de importación de crudo y refinados.
Contexto de la crisis institucional
El proceso judicial surge en un momento de transición crítica para la mayor empresa del país. Akly dejó la presidencia de YPFB el pasado 30 de marzo, coincidiendo con un periodo de severos cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina distribuida en el mercado nacional. Tras su salida, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, tomó juramento a Claudia Cronembold como nueva titular de la entidad con el objetivo de estabilizar la gestión operativa.
A pesar de las denuncias, la administración de YPFB ha rechazado públicamente las acusaciones de sobreprecio a través de comunicados oficiales, sosteniendo que las adjudicaciones se basaron en las ofertas más económicas disponibles en el mercado internacional. No obstante, el Gobierno ha decidido tomar medidas precautorias mientras avanzan las auditorías y la investigación fiscal de la comisión especializada.
Como parte de estas acciones, el Ministerio de Hidrocarburos anunció la suspensión temporal de los acuerdos comerciales con las firmas internacionales Vitol y Trafigura hasta que concluyan las pericias sobre la calidad del combustible. Asimismo, el Ejecutivo confirmó la búsqueda de nuevos proveedores para garantizar el suministro de gasolina de mayor octanaje, asegurando que estas gestiones no representarán un incremento en el costo final para los consumidores bolivianos.
