La Fiscalía Departamental de La Paz ha iniciado un proceso de evaluación para convocar a prestar declaración informativa a Yussef Akly, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en relación con la presunta compra de combustible con sobreprecio a la firma transnacional Trafigura. La medida se enmarca en una investigación que busca determinar responsabilidades por posibles daños económicos al Estado en la gestión de hidrocarburos.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, explicó que, si bien la denuncia se presentó inicialmente contra el exejecutivo, el Ministerio Público ha optado por un inicio de investigación contra autores, manteniendo abierta la posibilidad de que Akly comparezca en calidad de testigo. Debido a la magnitud del caso, se ha conformado una comisión de fiscales encargada de auditar la documentación y los registros de la estatal petrolera en las sedes de La Paz y Santa Cruz.
Investigación por combustible adulterado
El caso adquiere una mayor complejidad tras las recientes revelaciones del Gobierno sobre el ingreso de al menos 150 millones de litros de gasolina y diésel adulterados a territorio boliviano durante los últimos cinco meses. Según las investigaciones preliminares, se identificó un esquema criminal que operaba en territorio chileno, donde el combustible era mezclado con agua y aceite antes de su distribución en Bolivia.
Esta situación forzó el relevo de Akly de la presidencia de YPFB a finales de marzo, tras una serie de cuestionamientos técnicos y quejas de los usuarios por daños en motores atribuidos a la baja calidad del carburante desestabilizado. Actualmente, las autoridades de Bolivia y Chile mantienen coordinaciones para desarticular la red responsable de este fraude.
Presión legislativa y medidas cautelares
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, diversos sectores han manifestado que el cambio de directiva en YPFB no debe eximir de responsabilidades a los involucrados. Parlamentarios han denunciado la existencia de un daño económico significativo y han cuestionado la reticencia de algunas autoridades del sector hidrocarburos a brindar declaraciones ante la justicia.
En este contexto, se ha formalizado una denuncia penal que alcanza no solo al expresidente de la estatal petrolera, sino también al Ministro de Hidrocarburos y al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Los delitos que se investigan incluyen resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Ante el riesgo de fuga, algunos legisladores han solicitado al Ministerio Público la activación de una alerta migratoria para garantizar la presencia de los principales investigados en el proceso judicial.
