El gobierno boliviano rechazó este viernes la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de aplicar un incremento salarial adicional del 20 por ciento, bajo el argumento de que las finanzas estatales no cuentan con la capacidad para absorber ese costo. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, afirmó que la medida pondría en riesgo la estabilidad económica y advirtió que el país podría enfrentar una situación de quiebra si se insiste en la demanda.
La postura oficial surge meses después de que el Ejecutivo dispusiera un ajuste salarial significativo en diciembre pasado. Según Santamaría, aquel incremento fue el más alto registrado en las últimas tres décadas y tenía como objetivo mitigar los efectos de la coyuntura económica actual. “El Gobierno entiende que esa medida tiene que paliar la situación que todos estamos enfrentando, pero las arcas del Estado no aguantan”, señaló la autoridad.
Impacto en el Tesoro y el empleo
El viceministro advirtió que la presión por un nuevo aumento, mediante medidas de presión o huelgas, tendría consecuencias directas sobre el índice de precios y la sostenibilidad del sector público. “No hay TGN que aguante medidas irresponsables que lo único que van a hacer es contribuir a la inflación”, sostuvo Santamaría. Asimismo, el funcionario proyectó que el impacto se extendería al sector privado, donde el encarecimiento de la planilla salarial podría comprometer la continuidad de diversas fuentes de empleo.
En enero de 2026 entró en vigencia un incremento del salario mínimo nacional hasta los 3.300 bolivianos, una decisión adoptada por el presidente Rodrigo Paz tras el alza en el precio de los combustibles. El Ejecutivo estableció en ese momento que cualquier ajuste posterior sería evaluado recién al finalizar el año, dependiendo estrictamente del comportamiento de la inflación.
La postura de los trabajadores
Pese a las advertencias gubernamentales, la COB formalizó su pliego petitorio el 31 de marzo, manteniendo la exigencia de un 20 por ciento de aumento adicional. El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, defendió la cifra al asegurar que el planteamiento cuenta con respaldo técnico y busca compensar el encarecimiento de los productos básicos.
“Estamos pidiendo un 20 por ciento de incremento salarial, es un planteamiento trabajado por profesionales y con información del propio Gobierno”, dijo Argollo. La dirigencia sindical sostiene que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha visto deteriorado por el costo de la canasta familiar, lo que justifica la reapertura de las negociaciones salariales antes del plazo previsto por las autoridades.
El conflicto plantea un escenario de tensión entre el Ministerio de Economía y el ente matriz de los trabajadores, en un contexto donde el control del gasto público se ha vuelto la prioridad de la administración central para evitar un desborde inflacionario.
