El Congreso de Perú votó este martes a favor de la destitución del presidente José Jerí, quien ocupaba el cargo desde hace apenas cuatro meses. La decisión, motivada por un escándalo de reuniones no reveladas con un inversor extranjero, profundiza la crisis de gobernabilidad en una nación que ha visto desfilar a una sucesión de mandatarios en menos de una década y convierte a Jerí en el tercer jefe de Estado consecutivo en ser removido del poder.
La votación registró 75 legisladores a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Con este resultado, el Parlamento declaró la vacancia de la jefatura del Estado. Debido a que el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declinó asumir el mando, el Legislativo deberá elegir este miércoles a un nuevo titular de la cámara, quien automáticamente se convertirá en el octavo presidente de Perú en los últimos años.
El origen de la caída: el “Chifagate”
La salida de Jerí fue precipitada por la difusión de imágenes que lo mostraban ingresando de manera furtiva, utilizando una capucha, a un restaurante para reunirse con el empresario Zhihua Yang, titular de una concesión energética y propietario de diversos comercios. El encuentro no figuraba en la agenda oficial ni fue comunicado por los canales de transparencia institucional, lo que despertó sospechas de tráfico de influencias.
Jerí había asumido la presidencia en octubre pasado, tras la destitución de Dina Boluarte, quien fue apartada en medio de investigaciones por corrupción y una creciente crisis de seguridad ciudadana. Al no existir vicepresidentes en funciones, Jerí, en su calidad de presidente del Parlamento, accedió al Ejecutivo por línea de sucesión constitucional.
Ese carácter interino selló su destino político. En lugar de enfrentar un juicio político de vacancia, que requiere una supermayoría de 87 votos, los legisladores optaron por una moción de censura para despojarlo de la presidencia del Congreso. Al perder el cargo parlamentario que le otorgaba la legitimidad para ejercer la jefatura del Estado, su salida del Palacio de Gobierno fue inmediata.
Un sistema político bajo presión
Analistas internacionales sugieren que la celeridad de esta destitución responde no solo al escándalo ético, sino también a cálculos electorales. Perú se encuentra a menos de dos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril. Para muchos legisladores, mantener el respaldo a un mandatario cuestionado representaba un riesgo político frente a un electorado mayoritariamente indeciso y crítico con la clase política.
Pese a la recurrente turbulencia en las altas esferas del poder, la economía peruana ha mostrado una resiliencia inusual. El país cerró el año 2025 con un crecimiento del 3,4% y una inflación controlada del 1,7%, impulsada principalmente por el dinamismo del sector minero. No obstante, esta estabilidad macroeconómica contrasta con la fragilidad de las instituciones democráticas.
La nueva transición deja a Perú ante el desafío de garantizar un proceso electoral transparente y pacífico. Mientras el Congreso se prepara para designar a un nuevo líder temporal, la ciudadanía observa con escepticismo si este nuevo cambio de mando podrá finalmente romper el ciclo de gobiernos efímeros y confrontaciones constantes entre los poderes del Estado.
