La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha determinado que el derecho a la notificación, contacto y asistencia consular es una prerrogativa dirigida exclusivamente a personas extranjeras bajo arresto, detención o sometidas a proceso penal. Con esta resolución, el tribunal clarifica que dicha protección no puede ampliarse a quienes participan en calidad de testigos dentro de un juicio.
En su análisis jurídico, el máximo tribunal examinó el alcance del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Este precepto internacional obliga a las autoridades a informar sin demora a cualquier ciudadano extranjero detenido sobre su derecho a comunicarse con su consulado. No obstante, la Corte subrayó que esta garantía está vinculada de forma indisoluble al derecho de una defensa adecuada.
La distinción entre imputados y testigos
La resolución sostiene que la asistencia de un consulado permite que el imputado comprenda la naturaleza de los cargos en su contra, se familiarice con el sistema jurídico extranjero y tome decisiones informadas desde el inicio del procedimiento. Bajo esta lógica, la Corte concluyó que los testigos no comparten la misma condición de vulnerabilidad que una persona privada de su libertad o sujeta a una acusación formal.
El fallo se originó a partir de un recurso promovido por un sentenciado por homicidio. La defensa argumentaba que ciertos testimonios recabados en el extranjero debían ser invalidados, alegando que los declarantes no contaron con asistencia consular. Sin embargo, los magistrados determinaron que, al no enfrentar cargos ni requerir una estrategia de defensa técnica, los testigos no necesitan el nivel de protección previsto para quienes están en riesgo de recibir una sanción penal.
Límites y funciones de la protección consular
Este criterio establece que las autoridades judiciales pueden valorar testimonios obtenidos fuera de las fronteras nacionales siempre que hayan sido recabados bajo la legislación del país de origen. Asimismo, la resolución aprovecha para delimitar las funciones de las oficinas consulares en el exterior.
Entre los servicios legítimos que brindan las misiones diplomáticas se encuentran la orientación legal en casos de detención, el contacto con familiares y la asistencia en situaciones de emergencia médica. Sin embargo, existen límites jurisdiccionales claros: un consulado no posee la facultad de liberar a detenidos, pagar multas o fianzas, ni intervenir directamente para regularizar el estatus migratorio de un connacional.
Finalmente, la decisión de la SCJN fija un estándar relevante sobre los límites del debido proceso, precisando que la finalidad última de la asistencia consular es equilibrar la balanza frente al poder punitivo del Estado cuando este se ejerce sobre un ciudadano extranjero, pero sin desvirtuar la naturaleza de la prueba testimonial.
