Un giro en el sistema judicial tras los comicios
Activistas de derechos humanos y analistas legales consideran que el sistema judicial de Bolivia está experimentando un cambio significativo, evidenciado en la revisión de detenciones preventivas de líderes opositores y la posible activación de procesos contra autoridades. Este viraje coincide con la reciente derrota electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante durante casi dos décadas.
Según el expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de La Paz, los resultados de las elecciones generales del 17 de agosto jugaron un rol determinante. En dichos comicios, la dupla del MAS obtuvo apenas un 3,17% de los votos, quedando fuera de la toma de decisiones del próximo gobierno. "Con la pérdida que ha tenido el Movimiento Al Socialismo, obviamente, se han ido debilitando todos los instrumentos de presión y de cohesión que tenía sobre los otros órganos del Estado. Esta es una señal positiva que está demostrando la justicia", señaló el activista.
Un abogado penalista consultado coincidió en que estas acciones podrían ser una muestra de independencia judicial, aunque advirtió sobre el riesgo de un simple realineamiento con el nuevo poder político, como, según él, ocurrió tras la crisis de 2019.
Críticas por una medida "política y selectiva"
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a los tribunales departamentales revisar, en un plazo de 24 horas, la situación procesal de los opositores detenidos preventivamente Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. En respuesta, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, calificó la medida como "política".
"La asumimos como una medida más política, porque esta es una decisión que viene después de las elecciones y no antes, y porque solo es para tres personas que representan un movimiento posiblemente político", afirmó la autoridad.
Arraya y la Defensoría del Pueblo cuestionaron que la disposición no se aplique de manera universal, dado el grave problema de hacinamiento y abuso de la detención preventiva en el país. Según datos oficiales, la situación es crítica: "Tenemos en el sistema penitenciario aproximadamente el 60 por ciento de la población carcelaria que tiene esa medida cautelar", explicó la viceministra. La Defensoría del Pueblo precisó que, hasta junio, el 58,2% de los 33.274 privados de libertad se encontraban sin sentencia.
La crítica fue compartida desde las cárceles. Un representante de los privados de libertad del penal de Villa Busch, en Pando, denunció que la medida es discriminatoria. "El Tribunal Supremo de Justicia está parcializándose por tres personas. Tenemos las cárceles hacinadas y existe retardación de justicia. Sentimos que hay una discriminación, la justicia no está tratando a todos por igual", declaró a medios estatales.
