Nilza López, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ha hecho públicas graves denuncias contra su predecesora, Brenda Lafuente, alegando maltrato y un patrón de presunta corrupción durante su gestión. López también ha señalado la falta de acción por parte de las autoridades ante las pruebas presentadas y ha expresado preocupación por su seguridad y la de su familia, vinculando directamente al presidente Luis Arce Catacora con la responsabilidad por cualquier eventualidad.
La exfuncionaria estuvo al frente de la AJAM entre junio y octubre de 2022, sucediendo a Lafuente. En sus declaraciones, López afirmó que su designación se basó en una evaluación de su trayectoria institucional y que, al asumir el cargo, se propuso frenar actos de corrupción. En este contexto, mencionó una denuncia previa por presunta corrupción relacionada con una medalla de oro entregada por una cooperativa aurífera, caso que fue desestimado por el Ministerio Público al registrarse la medalla como activo institucional y no como un regalo personal.
Según López, poco después de asumir su cargo, comenzó a recibir presiones de Lafuente para mantener a funcionarios cuestionados por corrupción. Estas presiones habrían escalado a intentos de soborno y denuncias internas tras la decisión de López de remover a dicho personal. La exdirectora afirmó haber presentado audios en los que, según ella, se escucha a Lafuente involucrada en casos de extorsión a actores mineros y presumiendo un fuerte respaldo político del propio presidente Arce, a quien, según sus dichos, habría apoyado en campaña electoral.
La narrativa de López detalla incidentes de intimidación, incluyendo la irrupción de Lafuente en su despacho para imponer una reunión con directores, donde se le habría ordenado a López que solo firmara documentos, mientras que las decisiones administrativas serían tomadas por su antecesora. En otro audio, Lafuente supuestamente advirtió: “No me tocas ni un pelo del personal, todas las decisiones las voy a tomar yo… y no me va a temblar la mano para meterte a la cárcel si no obedeces”. A estas presiones se sumaría una campaña mediática de desprestigio.
La gravedad de las amenazas, según López, se extendió a su ámbito familiar, donde recibió advertencias que incluían la frase de que devolverían a su hija “en pedacitos, en una bolsa negra”. Ante esta situación, López ha solicitado garantías para su vida y la de su familia, responsabilizando directamente al presidente Luis Arce Catacora si algo les ocurriera.
La exdirectora aseguró haber entregado audios, documentos y otras pruebas de corrupción de la gestión de Lafuente tanto al entonces ministro de Justicia, Iván Lima, como a la actual ministra Susana Ríos, cuando esta última ocupaba el cargo de viceministra de Transparencia. Sin embargo, lamentó que, hasta la fecha, ninguna investigación formal haya sido iniciada. López afirmó haber recibido únicamente un mensaje ambiguo: “por instrucciones superiores; espere alguna instrucción”.
López concluyó expresando su desconfianza ante la situación, señalando que, a pesar de su disposición a someterse a una auditoría para esclarecer su breve gestión, las denuncias documentadas sobre actos de corrupción presentadas ante el Ministerio de Justicia no han tenido ningún progreso.
