Una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar la situación de detención preventiva de los líderes opositores Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ha generado una fuerte reacción tanto de la población carcelaria como del propio Gobierno, quienes cuestionan la selectividad de la medida y exigen un trato equitativo para todos los reclusos en condiciones similares.
En respuesta a la decisión judicial, delegados de internos de varios centros penitenciarios del país se declararon en “emergencia nacional pacífica”. Argumentan que la revisión de los plazos procesales no debe ser un privilegio para figuras políticas, sino un derecho para todos los ciudadanos. “Nos declaramos en emergencia porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, manifestó un representante desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz.
Los reclusos exigen que la verificación de los plazos de detención preventiva, instruida por el TSJ para ser completada en un máximo de 24 horas para los tres opositores, se extienda a toda la población carcelaria. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 60% de los internos en Bolivia se encuentran bajo detención preventiva, muchos de los cuales han excedido el tiempo máximo que la ley contempla para esta medida cautelar.
Críticas desde el Gobierno
La medida del TSJ también fue cuestionada por el poder Ejecutivo. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, la calificó como “más política que jurídica”, señalando la aparente discriminación en su aplicación. “¿Por qué solo tres personas y no todos los privados de libertad que están con detención preventiva?”, cuestionó la autoridad en una conferencia de prensa.
Arraya subrayó que existen numerosos casos de reclusos que han superado el límite de seis meses de detención preventiva establecido por el Código de Procedimiento Penal, e incluso algunos que han cumplido el tiempo equivalente a la pena máxima por el delito que se les imputa sin haber recibido una sentencia. “La revisión debería ser universal, no selectiva”, enfatizó.
Tanto Luis Fernando Camacho como Marco Pumari tienen audiencias programadas para este lunes, en las que sus defensas solicitarán el cese de la detención. Mientras tanto, Jeanine Áñez cumple una condena de 10 años por el caso “Golpe de Estado II”, además de enfrentar otros procesos con detención preventiva. La viceministra Arraya afirmó que el Gobierno respetará las decisiones judiciales que se emitan y que la Policía Boliviana está preparada para ejecutar cualquier disposición, ya sea libertad, detención domiciliaria o traslado.
Finalmente, la autoridad recordó que los procesos contra los tres líderes opositores se fundamentan en informes de organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis política y social de 2019, y expresó su confianza en que los jueces valorarán dichos antecedentes.
