El pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia programó para esta tarde el debate de un proyecto de ley destinado a regular la selección y designación de seis de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las autoridades actuales, posesionadas el 20 de diciembre de 2019, finalizarán su mandato de seis años en 2025.
La iniciativa legislativa, impulsada por senadoras del bloque opositor Comunidad Ciudadana (CC), ya fue aprobada por la Comisión de Constitución del Senado. “Se ha convocado para el martes al pleno del senado en el cual se va hacer el análisis y debate correspondiente”, afirmó el senador Santiago Ticona de CC, miembro de dicha comisión. Agregó que, de existir voluntad política, el proceso podría concluir antes del fin de la legislatura en noviembre.
Desde el oficialismo, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Flores, expresó su deseo de que el proyecto sea aprobado, citando la limitación de tiempo y la preocupación ante posibles intentos de los actuales funcionarios de extender sus mandatos. “Sospechamos, están hablando de la intención, del contubernio de vocales, magistrados para autoprorrogarse”, manifestó.
El TSE está compuesto por siete vocales. Seis de ellos serán reemplazados mediante este proceso, mientras que el séptimo es designado directamente por el Órgano Ejecutivo.
Detalles del proceso de elección
El proyecto de ley establece un procedimiento en dos etapas: una preselección de candidatos a cargo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y una designación final por parte del pleno de la misma.
El cronograma propuesto distribuye el proceso en un plazo total de aproximadamente 50 días. La fase de preselección contempla 15 días para la presentación de postulaciones, seguidos de plazos para la verificación de requisitos, impugnaciones, evaluación de méritos y un examen oral.
La calificación final se basará en un puntaje total de 200 puntos, de los cuales 130 corresponderán a méritos y 70 al examen oral. Para ser considerados, los postulantes deberán obtener una calificación mínima de 120 puntos. En la evaluación de méritos se ponderará la experiencia profesional (65 puntos), la formación académica (55 puntos) y la producción intelectual en materia electoral (10 puntos).
Entre los requisitos se exige a los aspirantes acreditar al menos ocho años de ejercicio profesional, experiencia docente y un mínimo de cinco años de trabajo específico en el área electoral. El examen oral consistirá en siete preguntas elaboradas por facultades de Derecho y Ciencias Políticas de universidades públicas y privadas, cada una con un valor de 10 puntos.
