La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su “extrema preocupación” por recientes decisiones judiciales en el caso Senkata, advirtiendo sobre un posible riesgo de impunidad en relación con los sucesos ocurridos en 2019.
En un comunicado oficial, la entidad informó que ha presentado a la CIDH un reporte sobre “la situación actual de dichos procesos, manifestando su alta preocupación por el riesgo de que estas decisiones generen espacios de impunidad y vulneren los derechos de las víctimas a acceder a la justicia de manera pronta y efectiva”.
La alerta se produce tras la determinación de un tribunal de la ciudad de El Alto de anular el juicio ordinario del caso. La justificación de la corte fue que a la expresidenta Jeanine Añez le correspondería un juicio de responsabilidades, un proceso especial reservado para altos mandatarios, en lugar de un proceso penal común.
La Defensoría recordó que esta situación contraviene las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo informe instó al Estado boliviano a “investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso de los derechos de las víctimas y su derecho a la tutela judicial efectiva”.
Adicionalmente, la institución ha solicitado a diversas entidades estatales que informen sobre las medidas de protección adoptadas para resguardar la identidad y localización de los denunciantes, víctimas y testigos involucrados en el proceso judicial del caso Senkata.
