Estabilización macroeconómica como prioridad
José Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico del candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, descartó este domingo la viabilidad de incrementar la Renta Dignidad de 350 a 2.000 bolivianos en el corto plazo. Según el economista, la principal prioridad del próximo gobierno debe ser la estabilización de la macroeconomía del país.
Consultado sobre la propuesta de aumentar significativamente el bono para los adultos mayores, Espinoza aclaró que, si bien es una idea que surge en el contexto de la campaña electoral, “esto probablemente no sea posible en el corto plazo, porque lo primero que se tiene que hacer es estabilizar la macroeconomía”.
Los desafíos urgentes: combustibles y déficit fiscal
El economista advirtió que uno de los desafíos más inmediatos para la próxima gestión será resolver el desabastecimiento de combustibles y el alto costo de su subvención, la cual, afirmó, incentiva el contrabando hacia países vecinos. “Estamos sacrificando dólares que son necesarios para pagar la deuda externa e impulsar programas sociales, mientras parte de los combustibles subvencionados terminan en otros países”, sostuvo.
Explicó que la situación es insostenible, dado que Bolivia importa el 95% del diésel que consume. Por ello, anticipó que el próximo gobierno probablemente deba levantar la subvención al diésel y eventualmente a la gasolina, aunque subrayó que esta medida deberá estar acompañada de políticas de protección social focalizadas para los sectores más vulnerables.
Espinoza también señaló la urgencia de estabilizar las cuentas fiscales, indicando que el déficit actual supera el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y es financiado en un 80% con emisión monetaria. Advirtió que, si no se controla la inflación, ningún incremento en las rentas será suficiente para cubrir la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.
Finalmente, mencionó como otro reto central la reconstrucción de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) para dar certidumbre frente a la fluctuación del dólar en el mercado paralelo y evitar que continúen siendo utilizadas como una “caja chica” del gobierno de turno.
