El Tribunal 6º de Sentencia Penal de La Paz condenó a ocho años de prisión al exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero, por su rol en la gestión de una asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez en 2020. La sentencia establece que la operación se realizó sin la autorización requerida de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El caso se centra en el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI, mediante el cual el país recibió 327 millones de dólares en abril de 2020 para atender la emergencia sanitaria y fiscal derivada de la pandemia de COVID-19. Los recursos fueron devueltos al organismo internacional en febrero de 2021 por la actual administración del Banco Central de Bolivia (BCB).
El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público, a instancias del BCB, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado. Según la acusación, Parada y el entonces presidente del BCB, Guillermo Aponte, solicitaron el financiamiento y suscribieron los acuerdos sin el respaldo de una ley, contraviniendo la normativa vigente. Los cargos incluyeron resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
En el mismo fallo, el tribunal declaró en rebeldía al expresidente del BCB, Guillermo Aponte Reyes Ortiz, sentenciándolo a cinco años de cárcel, y a Walter Guzmán Tordoya, exgerente de Operaciones Internacionales del ente emisor, quien recibió una condena de un año. Por otro lado, los exdirectores Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, Erwin Walter Morales Carrasco y José Gabriel Espinoza Yáñez fueron absueltos.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, calificó la sentencia como un “precedente inédito y favorable” para el país. “Esta sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, declaró.
La defensa de los acusados ha sostenido consistentemente que la operación con el FMI no constituía un crédito, sino una operación regular de administración de reservas internacionales que no requería autorización legislativa. Argumentan que el daño económico al Estado se produjo cuando las actuales autoridades devolvieron los fondos, debido a la variación del tipo de cambio. Además, señalaron que en 2009, cuando el actual presidente Luis Arce era ministro de Economía, se efectuó una operación similar con el FMI sin pasar por la Asamblea Legislativa.
El exministro Parada deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro de La Paz.
