El Consejo de la Magistratura inauguró en Santa Cruz las Jornadas Nacionales de Evaluación Judicial, un proceso destinado a consensuar un nuevo reglamento para medir el desempeño de los jueces en el país. La iniciativa reúne a magistrados, fiscales, abogados, representantes de la sociedad civil y expertos internacionales en un esfuerzo por responder a la demanda ciudadana de un sistema de justicia más transparente y eficaz.
“Con este proceso, estamos respondiendo a la exigencia ciudadana de contar con jueces probos, idóneos y justos”, declaró Manuel Baptista, presidente del Consejo, durante la inauguración. Subrayó que la evaluación debe ser vista como una oportunidad para fortalecer la carrera judicial, no como un mecanismo punitivo. “No se trata de sancionar, sino de garantizar transparencia y objetividad. Detrás de cada expediente hay una vida, una familia y una expectativa legítima de justicia”, añadió.
Un Proceso Participativo y Nacional
El programa se desarrollará en tres etapas regionales que incluyen a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. La fase final tendrá lugar en Sucre el 6 de octubre, donde se presentará el documento marco definitivo que establecerá los nuevos parámetros de evaluación. Según las autoridades, el objetivo es superar reglamentos ambiguos y construir un sistema más claro y confiable.
Gabriela Araoz, decana del Consejo, insistió en que la evaluación no debe ser percibida como una amenaza, sino como “una herramienta de mejora continua”. Por su parte, el consejero Carlos Spencer Arancibia destacó la necesidad de avanzar hacia jueces especializados por materia, con una sólida capacitación y capacidad de respuesta. “A los buenos jueces los apoyaremos; a quienes incumplan la ley se los sancionará con firmeza”, advirtió. Anunció además que los jueces con las mejores calificaciones podrán acceder a becas y programas de posgrado en el extranjero.
El Desafío de Restaurar la Confianza
Las jornadas se realizan bajo el lema “Una evaluación con transparencia para confiar en la justicia”. Sin embargo, el desafío trasciende la redacción de un nuevo reglamento. La percepción ciudadana sobre el sistema judicial en Bolivia ha sido históricamente negativa, marcada por la retardación de justicia, decisiones cuestionadas y una extendida falta de independencia. En este contexto, el proceso se presenta como una oportunidad para que el sistema se reforme desde dentro.
La inclusión de actores externos como colegios de abogados, académicos y la sociedad civil busca otorgar legitimidad a un debate que tradicionalmente se mantenía en círculos cerrados. Si las conclusiones logran plasmarse en un reglamento aplicable, el Consejo podría sentar un precedente de apertura institucional. La implementación de un sistema de evaluación sólido no solo impactaría en la carrera de los jueces, sino también en la calidad de las sentencias y en la percepción del Estado de derecho en el país.
La presentación del documento final en Sucre será una prueba clave sobre la capacidad de las instituciones judiciales para convertir el diálogo en acciones concretas de reforma.
