Las autoridades judiciales han aprehendido al principal sospechoso del infanticidio y violación de una menor de ocho años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida a principios de año en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. El detenido, identificado como el tío político de la víctima, enfrenta cargos de extrema gravedad tras un proceso de investigación que vincula evidencia biológica recolectada en la escena del crimen con su perfil genético.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el sospechoso, un hombre de 46 años, se encuentra bajo custodia en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La identificación del presunto autor fue posible gracias a una pericia biológica y genética realizada sobre muestras recolectadas en el lugar de los hechos, las cuales arrojaron una coincidencia exacta con el perfil del ahora aprehendido.
Evidencia científica y proceso judicial
Según el reporte oficial, las pruebas científicas fueron determinantes para avanzar en el caso. El análisis de ADN obtenido de la evidencia física permitió establecer un vínculo directo con el sospechoso, proporcionando una base sólida para la imputación por los delitos de infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente. Durante su declaración informativa judicial, el acusado optó por su derecho constitucional a guardar silencio, mientras espera su audiencia de medidas cautelares.
El caso se remonta al pasado 6 de enero, fecha en la que se reportó la desaparición de la niña. Tras tres días de búsqueda intensiva, su cuerpo fue localizado sin signos vitales. Los exámenes forenses practicados en su momento determinaron que la causa del deceso fue asfixia, confirmando además que la menor había sido víctima de una agresión sexual previa a su fallecimiento.
Este avance en la investigación representa un paso crucial para el esclarecimiento de un hecho que ha generado profunda consternación en la sociedad cruceña. Las autoridades han manifestado que continuarán con los procedimientos correspondientes para asegurar que el proceso judicial se cumpla con rigurosidad, dada la naturaleza violenta del crimen cometido contra una menor de edad.
